Decíamos hace un año: diplomacia y la defensa de valores y principios

Comencé esta aventura como escritor mensual en Actuall hace un año y agradezco tanto a Rosana Ribera como a Nicolás de Cárdenas quienes han dirigido Actuall el haberme propuesto escribir en este medio y su confianza en mí durante este tiempo.

Para muchos ciudadanos las organizaciones internacionales se encuentran muy lejanas. Creen que no toman decisiones directamente relacionadas con el ciudadano y que no les afectan. Uno de los problemas con los que me encuentro en mi trabajo es que “lo que pasa en Ginebra, se queda en Ginebra”. Lo mismo se aplica para Bruselas o Nueva York. Pero las resoluciones o informes en las organizaciones internacionales sí que afectan a los ciudadanos. Afectan mucho más de lo que creemos. Lo que nuestros gobiernos aprueban tiene un reflejo en las leyes internas, sirven de justificación de determinadas medidas, o legitiman actuaciones con un simple “ya se aprobó en la ONU o la UE”.

Hace ya un año escribía que un solo experto, un grupo de trabajo, un comité o un órgano de tratado pueden estar influyendo en generaciones enteras en varios países afectando las legislaciones nacionales con cierta facilidad. Para que estos cambios tengan lugar basta con que haya una falta de conocimiento del funcionamiento de las organizaciones internacionales y un complejo de inferioridad o un deseo de cambio.

Ambos harán que el país que recibe esas recomendaciones o comentarios haga cambios por la presión interna o externa sin saber si esas recomendaciones eran vinculantes o no, sin conocer si el órgano podía hacerlas o si se estaba excediendo en su mandato. El conocimiento técnico es necesario, la experiencia y la determinación también.

La mayoría de las recomendaciones no son vinculantes y que el “derecho al aborto” ni existe ni jamás ha sido reconocido en ningún texto internacional

Como ejemplo podemos citar a aquellos países a los que les solicitan aprobar el aborto porque es un derecho internacional o porque no hacerlo discrimina a las mujeres y niñas ya que los niños y hombres no se pueden quedar embarazados. Un comentario así es suficiente para que países acomplejados, o aquellos ya determinados al cambio, dejen de proteger la vida del niño no nacido y aprueben leyes de promoción del aborto. Si conocieran la legislación internacional y estuvieran determinados a aplicarla, sabrían que la mayoría de las recomendaciones no son vinculantes y que el “derecho al aborto” ni existe ni jamás ha sido reconocido en ningún texto internacional.

Un programa de educación sexual de un país puede basarse en guías promovidas por un experto independiente o un relator especial en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra o por un grupo de burócratas de Bruselas. Conocer los organismos internacionales y sus implicaciones es clave.

En España ha sido bastante comentado que un grupo de trabajo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra de cuyo nombre no quiero acordarme ha preparado un informe relativo a la detención y juicio en el Tribunal Supremo de Jordi Sànchez, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras denunciando la existencia de una detención arbitraria.

Este grupo de trabajo ha esgrimido las libertades de expresión y opinión como justificación de todos los actos de los acusados, ha puesto en duda la independencia judicial, pedido un referéndum legalmente vinculante, indicado que los hechos se deben juzgar en Cataluña y algunos otros comentarios similares. La crítica del gobierno, la diplomacia española y los que conocen el caso ha sido clara y expuesta con acierto: el grupo de trabajo ha excedido sus funciones, ha utilizado una información directamente proveniente del abogado defensor de Jordi Cuixart, presidente de Omnium Cultural, desconoce la legislación española y además su informe coincide con el procedimiento en el Tribunal Supremo.

Durante las últimas tres semanas he participado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, tal y como llevo haciendo desde hace más de ocho años. He preparado discursos, participado en negociaciones y asesorado a estados y ONGs en aquellos valores y principios compartidos.

En estas semanas se ha podido comprobar que, en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, hay cada vez más países y diplomáticos dispuestos a participar en las negociaciones y a no dejarse imponer la agenda LGBTI, la ideología de género, el adoctrinamiento de la llamada “sexualidad comprensiva” en las escuelas o un llamado “derecho de mujeres y niñas a decidir sobre el propio cuerpo”.

Se debe estar dispuesto a defender los principios y valores culturales, sociales y religiosos de cada sociedad sin aceptar la imposición de supuestas “agendas de progreso”. En las organizaciones internacionales se está viendo el cambio en la defensa de valores de defensa de la familia, la vida y los derechos de los padres en la educación de los hijos. ¿Se darán unos cambios similares en España y otros países hispanoamericanos o se seguirán aplicando las leyes ideológicas de la izquierda con independencia de quien gobierne?

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