Movilización para que una juez no obligue a abortar a una joven contra su voluntad en Gran Bretaña

Un grupo de personas en la Marcha por la Vida de Londres en 2018.

Las plataformas CitizenGO y Right to Life se han unido para pedir a la jueza Nathalie Lievens, del Tribunal de Protección de Gran Bretaña, que rectifique su decisión de ordenar a los médicos que practiquen un aborto a una joven católica nigeriana de unos 20 años, con una discapacidad intelectual leve-moderada, en contra de su voluntad. Tanto la joven como su familia han manifestado su deseo de seguir adelante con el embarazo, que ya supera la semana 22, concebido tras una violación.  Esta campaña de recogida de firmas ha recabado más de 70.000 apoyos en menos de 72 horas. Además se han sumado países como Croacia, Alemania, Canada, EEUU, Hungría, Italia, Eslovenia o Polonia. En la petición, dirigida al secretario de estado británico, Matt Hancock, los ciudadanos cuestionan la idoneidad de la juez Lieven para juzgar este caso.
La directora de Campañas de CitizenGO en Reino Unido, Caroline Farrow, ha rebatido que “la ideología proabortista de esta jueza ha quedado en evidencia y su activismo abortista en el pasado la hace incompatible para instruir este caso”
Por otro lado, la iniciativa ha contado con el apoyo de autoridades como el Cardenal arzobispo de Durban (Sudáfrica), Wilfrid Fox Napier; el obispo de Nottingham, Patrick McKinney; o el obispo de Paisley (Escocia), John Keenan La propia juez ha reconocido a la prensa británica que es “muy consciente de que el hecho de que el Estado ordene a una mujer tener aborto es una inmensa intrusión”. Sin embargo, ha justificado su sentencia diciendo que tiene que “actuar en beneficio de los intereses de la joven, no basándose en los puntos de vista que tiene la sociedad sobre el aborto”.La directora de Campañas de CitizenGO en Reino Unido, Caroline Farrow, ha rebatido que “la ideología proabortista de esta jueza ha quedado en evidencia y su activismo abortista en el pasado la hace incompatible para instruir este caso”. Además ha añadido que “en 2011 representó al British Pregnancy Advisory Service, el mayor organismo británico dispensador de abortos, y en 2016 argumentó que las leyes del aborto de Irlanda del Norte eran una violación de las leyes sobre derechos humanos del Reino Unido”. Y ha concluido diciendo que “es imperativo que el señor Hancock entienda que esta situación levanta pasiones”.

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