Último requerimiento para que el Gobierno proteja el Archivo de Salamanca

El investigador Policarpo Sánchez, en el Archivo de Salamanca /Actuall

La Asociación Salvar el Archivo de Salamanca ha remitido al Ministerio de Cultura el último apercibimiento por víaadministrativa para que el Gobierno ohaga cumplir las sentencias judiciales que obligan al restablecimiento de los documentos expoliados y que "retiene ilegalmente en su poder". Con anterioridad, la asociación presidida por Policarpo Sánchez de la Iglesia ha remitido escritos similares los pasados 28 de enero y 11 de marzo. El Gobierno dispone de 10 días para evitar las responsabilidades y sanciones legales que corresponden por no atender dichas sentencias judiciales. Terminado el plazo la asociación plantea presentar un recurso por silencio administrativo ante la Audiencia Nacional. "Guirado dispone ahora de diez días para dar una respuesta. Con esta solicitud, agotamos todas las posibilidades que ofrece la vía administrativa", explica Policarpo Sánchez de la Iglesia. "Si seguimos sin respuesta, abordaremos el recurso por silencio administrativo y exigiremos, esta vez ante la Audiencia Nacional, las responsabilidades legales y, en consecuencia, las sanciones correspondientes para la Administración de Pedro Sánchez por hacer caso omiso a los requerimientos de nuestra asociación, porque ni cumplen ni ordenan cumplir la ley", tal y como explica en un comunicado Sánchez de la Iglesia. La Asociación también recuerda que seguirá dando la batalla "en todos los frentes en defensa del Archivo" siempre y cuando el Gobierno "siga ignorando, o peor aún, jugando con el Archivo de Salamanca como moneda de cambio para sacar adelante la nueva legislatura", subraya Sánchez de la Iglesia. Por otro lado, la Asociación Salvar el Archivo de Salamanca está pendiente de la respuesta a la solicitud que en el mismo sentido remitió a la Generalidad de Cataluña remitida el pasado mes de marzo en la que se solicita el detalle sobre qué documentos y a qué personas han sido entregados. De no obtener respuesta, anuncian una querella contra altos cargos de la administración autonómica catalana desde el año 2010 "por entregar documentos a quienes no son sus propietarios".

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