Avanza el diálogo nacional de Nicaragua: acuerdos en favor de la ciudadanía

Ciudad del Vaticano

El “Acuerdo para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” establece el compromiso de cumplir al menos diez principios constitucionales, en un plazo no mayor de 90 días, que incluye el debido proceso y tutela judicial efectiva; derechos económicos; seguridad y defensa nacional; derechos de los nicaragüenses en el exterior; derechos políticos; derechos laborales; libertad de expresión y de información veraz; garantías procesales y autonomía universitaria.

Derecho a protestar

Tal como señala el convenio firmado por los doce integrantes de la mesa de negociaciones, el régimen se compromete a “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia. Cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia, la Policía Nacional autorizará el ejercicio de este derecho”. 

También se destaca que “no requiere de permiso previo el de reunión pacífica, que no afecte la libre circulación de personas y vehículos y que no altere la normal convivencia de la población”.

Otro de los puntos reconoce el “derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la Bandera Nacional”.

Cesarán detenciones ilegales

Otro de los aspectos importantes que aborda este acuerdo es el cese de las detenciones ilegales en contra de ciudadanos que se han manifestado en contra del Gobierno y que han sido víctimas de secuestros por parte de paramilitares y agentes de la Policía Nacional.

En este sentido, el Estado garantizará que “nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la ley”.

En el documento se especifica que las viviendas de los ciudadanos podrán ser allanadas con una orden escrita de un juez competente, debiendo realizarse entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde.

En el tema judicial, se insta a que se cumpla el mandato constitucional de que todo detenido tiene que ser liberado posterior al plazo de 48 horas, si no se le abre un proceso judicial.

“El Estado garantiza que nadie puede ser sometido a detención o prisión arbitraria, ni ser privado de su libertad, salvo causas fijadas por la Ley con arreglo a un procedimiento legal, la detención solo podrá efectuarse en virtud del mandamiento escrito de juez competente o de conformidad con lo que dispone el artículo 33 de la Constitución Política y el procedimiento de la Ley”, manifiesta el texto.

Restablecer libertad de prensa

Entre las demandas planteadas al gobierno, destaca el respeto a la libertad de expresión y libertad de prensa, así como la devolución de los bienes confiscados y retenidos a los medios de comunicación independientes.

En este aspecto el acuerdo señala que “el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos”.

Sobre las confiscaciones hechas a medios de comunicación, como el canal de televisión 100% Noticias y Confidencial, la dictadura de Daniel Ortega se compromete a “revisar las decisiones adoptadas por el Estado en relación a los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley”.

“El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna”, agrega el documento de cinco páginas.

Desarme de paramilitares

Igualmente, en las negociaciones se habla del desarme de los paramilitares. En este punto, se insta a que las autoridades tomen las “medidas necesarias para asegurar el desarme de quienes porten armas sin autorización o de quienes se organicen como grupos armados fuera del orden constitucional y legal. A efecto de mantener el orden público y la seguridad ciudadana, detener las actuaciones violentas o agresivas de cualquier persona o autoridad”.

Garantías procesales

Por otra parte, el convenio recomienda “a las autoridades competentes que procedan a la tramitación y agilización de los procesos de exhibición personal, hageas data y amparo, cuyas resoluciones son de ineludible cumplimiento”.

También demanda “garantizar a los trabajadores el derecho de participar en la gestión de las empresas por medio de sus organizaciones y de conformidad con Ley”, al igual que “garantizar que ningún trabajador del sector público o privado sea despedido por razones de sus preferencias políticas de conformidad con la Constitución y las leyes en la materia”.

Implementación de los acuerdos

Asimismo, el documento detalla que “la implementación del presente acuerdo iniciará a partir de su firma”. Tanto este acuerdo de derechos y garantías ciudadanas, como el convenio de facilitación del proceso de liberación de los presos políticos, fueron firmados ayer por los representantes del gobierno de Ortega y los miembros de la Alianza Cívica, en presencia del nuncio apostólico Waldemar Stanislaw Sommertag, que participa como testigo y acompañante del Diálogo Nacional, y en presencia de Luis Ángel Rosadilla, representante de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA).

País en crisis desde 18 de abril de 2018

El país vive en crisis desde el 18 de abril de 2018, cuando comenzó la represión policial y paramilitar contra las protestas civiles que demandan la salida de Daniel Ortega y su esposa y cogobernante, Rosario Murillo, del poder. La represión ha dejado entre 325 y 535 muertos desde el 19 de abril de 2018, sin embargo, Ortega solo reconoce 199 muertos, a quienes identifica como 22 policías y simpatizantes de su gobierno. 

Organizaciones civiles reportan al menos 647 personas presas por participar en las protestas y 162 tienen casa por cárcel. Por su parte, el gobierno de Ortega ha reconocido solamente 347 detenidos.

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